La extinción de dominio es una herramienta estratégica para la persecución de las finanzas ilícitas de las organizaciones criminales, que le permite a la Fiscalía General de la Nación, de forma autónoma e independiente de la responsabilidad penal, identificar, localizar e incautar bienes que se encuentran en el territorio nacional o en el extranjero, que proceden de la comisión de actividades ilícitas o que fueron destinados a éstas, para que posteriormente un Juez, en un proceso judicial con el respeto del derecho de defensa y el debido proceso mediante sentencia declare la extinción del derecho de dominio de estos y los transfiera a favor del Estado.

La extinción de dominio, dada su relevancia se sustenta en los artículos 34 y 58 de la Constitución Política y en la Ley 1708 de 2014 modificada por la Ley 1849 de 2014, disposiciones que establecen el respeto a la propiedad privada adquirida y destinada de conformidad con el ordenamiento jurídico, así mismo estas disposiciones permiten recurrir a esta figura jurídica cuando los bienes son obtenidos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro de la moral social o cuando han sido utilizados para la comisión de actividades ilícitas.